Aragón Liberal 22/09/06
La
futura ley de la Dependencia y de la Autonomía Personal más que el
cuarto pilar del estado de Bienestar, pude ser la cuarta pata carcomida
de un banco que de una cobertura social tímida y discriminatoria
La
creación ex novo del cuarto pilar del Estado de Bienestar que persigue
el gobierno central de la nación con la promulgación de la ley de la
Dependencia y Autonomía personal está cuajado de numerosas
expectativas. Si bien es cierto que hasta ahora no se había reparado en
la unificación legal de la prestación de ayudas y servicios a las
personas con discapacidad, no es menos cierto que la elaboración de los
contenidos de la misma ofrece ciertas dudas que inciden en su futura
materialización una vez aprobada en las Cortes Generales.
Para
el ministro Jesús Caldera es una ley ambiciosa que apuesta por que
ninguna persona deje de estar atendida por falta de recursos. Sin
embargo, a priori, la ley no establece qué criterios, umbrales o
baremos se van a utilizar para determinar los requisitos de
discapacidad. Tampoco ofrece la ley diáfanamente el tipo de
prestaciones acordes a la naturaleza de la discapacidad sufrida por los
afectados, ni la coordinación entre las respectivas administraciones.
A
pesar de que el CERMI, según declaraciones de la Secretaria de Estado
de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad Dª. Amparo Valcarce, ha
tenido un papel fundamental en la confección de la ley, la
Confederación Nacional de Asociaciones de Familiares con Discapacidad
Intelectual (FEAPS) a la cual se suma FEAPS-Aragón, no comparten la
“bondad” de la futura ley al relegar la atención de las personas con
discapacidad intelectual, pues inicialmente en el texto únicamente
tienen garantizado este derecho los dependientes de las discapacidades
motoras.
Así las cosas, la nueva ley debería dar una cobertura
no discriminatoria y no conculcar derechos inherentes de corte
universal, además de ser un icono referencial para la todas las
Comunidades Autónomas sin que existiese por ello desequilibrios
étnicos, económicos o sectoriales.
Ante esta coyuntura, el
Consejo Aragonés de la Discapacidad, aprobado recientemente por decreto
por el Consejo de Gobierno, y la Dirección General de Atención a la
Dependencia de Aragón, en un alarde de ser unas instituciones pioneras
en acercar su sensibilidad política a las personas con discapacidad,
tendrán que obrar en consecuencia y distribuir, asesorar y gestionar
responsablemente los recursos que les sean de dotación presupuestaria a
nivel nacional y aquellos autóctonos que procedan de las arcas de la
administración autonómica.
