Aprobación consensuada de la Ley de
la Dependencia y Autonomía Personal, pero, ¿se cumplirá solidaria e íntegramente
la aplicación del contenido de la misma? Aragón Liberal (Enviado por:
Vicente Franco Gil) .- Tras el iter parlamentario, el cuarto pilar del estado
del bienestar se asegura. Más de un millón de personas dependientes se colman de
esperanza. Solo queda que los poderes públicos realicen bien sus deberes.
Para Zaragoza
Liberal A pesar de que sin lugar a dudas esta nueva ley, que
incipientemente ve la luz en el ordenamiento jurídico vigente de nuestra nación,
ha sido un logro positivo para las personas con discapacidad, y muy
concretamente para aquellas que sus posibilidades se han visto muy mermadas por
diferentes circunstancias, ahora queda la tarea más ardua tras su elaboración y
aquiescencia: la correcta aplicación referida a la estipulación de su
articulado.
Es cierto que se ha constituido un derecho universal “ex
novo” que obliga “erga omnes” a las autoridades que competencialmente tengan
asumidas las funciones que determina la ley. También es positivo que este
derecho se constate como derecho subjetivo, es decir, no sujeto al arbitrio de
los Servicios Sociales de turno, sino que con la nueva ley se erige un derecho
reconocido cuya extensión abarca al conjunto del colectivo afectado al cual va
destinado: las personas dependientes.
Ahora bien, permítanme ser crítico
y porque no, algo escéptico. Que el espíritu de la ley es conveniente y
oportuno, nadie lo puede negar. Que quizá esta ley debería haber estado
promulgada anteriormente, en otras legislaturas, pues realmente sí que hubiera
sido un acierto y una canasta de tres puntos en el haber del gobierno
correspondiente. Lo que me inspira algo de inquietud es su implementación a
partir del uno de enero del 2007. La ley otorga un poder casi omnímodo al
Consejo Territorial para disponer, acordar y baremar en cuestiones atinentes a
la prestación de los servicios. Este Consejo se debe constituir previamente para
que tenga posteriormente su funcionamiento, y a penas queda un mes para la
entrada del nuevo año.
Por otro lado, el Estado financiará la cobertura
básica de las prestaciones, siendo las Comunidades Autónomas las que deben
aportar el resto. Y es en este punto donde pueden surgir las diferencias y el
desequilibrio que aboque en una insolidaridad manifiesta interregional. Del
mismo modo, el servicio de atención residencial será prestado por las
Administraciones Públicas en centros propios y concertados, pero ¿y si no
existen centros adecuados, y esto es una realidad, para un tipo concreto de
discapacidad que provoque la referida dependencia, se agruparan a pesar de sus
diferentes tratamientos?
Y en cuanto a los órganos de valoración de la
situación de la dependencia, son las CC.AA las que deben emitir un dictamen
sobre el grado y nivel de la misma, especificando los cuidados que la persona
pueda requerir, con el fin de confeccionar un Programa Individual de Atención.
Aquí surge otra pregunta, ¿habrá unos criterios comunes para la valoración, o
serán aquellos que la Comunidad Autónoma en cuestión determine en orden a sus
competencias adquiridas y transferidas? Por lo tanto, ¿ será éste otro posible
foco de desequilibrio insolidario?
Hablando de la baremación, uno de los
puntos cruciales para la especificación del grado de dependencia y su nivel,
será acordado por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia para su posterior aprobación por el gobierno de la
nación mediante real decreto. Pregunta, ¿en menos de un mes existirán las tablas
de baremación y el RD gubernamental que ratifique las mismas? En orden al grado
de dependencia según prescribe la ley en el capítulo III, ¿cómo se establecerá y
comprobará que una persona necesita una, dos, tres o más veces de una persona
para su asistencia?, ¿no es demasiado evanescente la letra que emplea la ley
para clasificar los grados de dependencia?
Con todo, y sin quitar mérito
a la aprobación de esta esperada y necesaria ley, no quisiera terminar sin
comentar que el beneficiario y usuario de los servicios que legalmente ya se han
reconocido, deberá aportar un cuantum económico según sus recursos y
posibilidades pecuniarias. En principio es lógico y no muy descabellado, pero
¿dónde se detalla el umbral a partir del cual se deban aportan más o menos
recursos para acceder a este derecho subjetivo y universal? ¿aquel que disponga
de mayor caudal abonara más por su servicios, o se uniformará la forma en que se
coopere al gasto de la aplicación de los mismos? Dudas razonables no faltan.
En fin, bien por el positivo consenso parlamentario en un tema de
sensibilidad especial como es la Dependencia, pues denota sobradamente la
solidaridad de la mayoría de los representantes del pueblo español. Pero esto no
ha hecho nada más que empezar. Lo riguroso viene a continuación, donde la
coordinación y la responsabilidad serán la moneda de cambio de un gran proyecto
a desarrollar, un proyecto ambicioso que no por ello deja de tener incógnitas y
unos claroscuros que el tiempo deberá descifrar. Enhorabuena por aquellas
personas con discapacidad que en el día de hoy han visto más cercano el mañana.
vicenbarbarroja.
