Aragón Liberal.-
27/03/07.- Cuando el profesional del derecho al servicio del Estado
cambia su función para estar al "servicio del Gobierno" se dice que
está al "servicio de la tiranía". Cuando el poder judicial es sólo un
"brazo" del poder político, ya no hay poder judicial que cabe sino
simplemente un instrumento coactivo contra el ciudadano. No en vano es
este Gobierno Socialista el primero que, "en democracia" ha encarcelado
a un manifestante de otro partido elaborando cargos que no existieron:
la primera detención política en la historia de la democracia española.
No en vano el Gobierno presionó a los jueces para excarcelar a De Juana
y tuvo que aplicar su "incompetencia" para premiar al asesino de 25
demócratas de verdad, y tuvo que premiar a un fiscal para que retirara
cargos que podrían condenar a Otegui, o no se querella contra el
"pateador" del PNV.
Hablando
con precisión, el Gobierno que nos gobierna sigue gobernando "contra
nosotros", y De Juana es "realmente" el candidato que los socialistas
proponen en este proceso electoral. Por eso no es de extrañar que:
LA AVT HA PRESENTADO HOY LA QUERELLA CONTRA LOS FISCALES CONDE-PUMPIDO, ZARAGOZA Y BURGOS
Madrid, 27 de marzo de 2007.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), tal como anunció la semana
pasada, ha interpuesto ante el Tribunal Supremo esta mañana una
querella contra el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el
Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el fiscal
Fernando Burgos, dada su actuación en la vista oral señalada el pasado
21 de marzo de 2007 a celebrar contra Arnaldo Otegui, dirigente de
BATASUNA, organización ilegalizada por formar parte de la banda
terrorista ETA.
En el
escrito, dirigido a la Sala Segunda del Alto Tribunal, se relatan los
hechos acontecidos y que son de público conocimiento a través de los
medios de comunicación. La actitud conjunta, tanto del fiscal como de
la defensa del procesado, a juicio de la AVT, “revelan el
posicionamiento y la existencia de una estrategia de la que son actores
principales los querellados, para evitar que se celebrara el juicio”.
Del mismo modo, los servicios jurídicos de esta Asociación entienden
que “la retirada de la acusación, sólo puede tener que ver con la
situación política actual, que ha llevado a buscar un subterfugio para
evitar las consecuencias que se podrían derivar de haber mantenido la
acusación”.
Para la AVT, la
actitud de la Fiscalía en este proceso se ajusta a los artículos 408 y
404 del Código Penal que castigan, respectivamente, a “la autoridad o
funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que
tenga noticia o de sus responsables” y a “la autoridad o funcionario
público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo”.
