Aragón Liberal.-
Xavier Salinas, el administrador apostólico de Lérida ha sido claro:
pese a su disposición a entregar los bienes, le es imposible cumplir
con los mandatos vaticanos...
Oroel. Para la Libertad05/08/07
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por estar las obras sujetas a la legislación civil, al pertenecer al
consorcio del Museo Diocesano de Lérida y estar catalogadas como
colección por la Ley de Patrimonio Catalán.
“Esto hace que el
obispado no pueda disponer a su arbitrio, debido a que le afecta la
legislación civil, a no ser que desde la administración se facilite la
ejecución del decreto”.
Así pues, las cosas parecen claras. Se
trata de la jurisdicción civil catalana. Y allí sí que Marcelino
Iglesias tiene, si no competencias, sí capacidad de actuación.
Todo
el mundo recuerda la diligente actuación del Gobierno de la Nación en
el caso de los papeles de Salamanca, y cómo ante una reclamación de la
Generalitat se desmembró un archivo nacional, algo que desde luego es
improbable que ocurra si la solicitud hubiera partido de cualquier otro
gobierno autonómico. Pues bien, nos hallamos ante un caso similar y con
seguridad aún más evidente que aquél, donde una administración
autonómica se ha apropiado de unos bienes de otra.
Según la
jerarquía eclesiástica catalana es la Generalitat quien está impidiendo
la devolución. Si es así, parece evidente que la interposición de
recursos corresponde en este caso al gobierno de Aragón frente al
gobierno catalán, independientemente de las actuaciones políticas que
procedan.
Porque, obsérvese que hasta la fecha Marcelino
Iglesias no ha tomado ni una sola iniciativa, ni política ni jurídica,
dirigida a lograr la devolución de los bienes. Y no me vale que
argumente que carece de legitimidad, porque no es así. Muchas veces me
he referido al acuerdo, frustrado in extremis, al que llegaron las
consejeras de Cultura catalana y aragonesa para establecer un sistema
de gestión compartida que excluía el retorno de los bienes. Es decir,
hasta la fecha la única iniciativa efectiva tomada por el gobierno del
señor Iglesias ha ido dirigida a garantizar la permanencia de los
bienes en Cataluña y a renunciar a su devolución. Afortunadamente hubo
que dar marcha atrás de forma precipitada ante la presión de los medios
de comunicación y, significadamente, del Heraldo de Aragón. ¿Tenía
legitimidad, por tanto, para ceder la posesión de los bienes pero no
para reclamarlos?
¿Alguien espera alguna actuación al respecto
por parte de ese agente infiltrado del catalanismo que ha resultado ser
nuestro presidente? ¿Alguien le recuerda algún gesto enérgico para
oponerse a los dictados de su partido o del gobierno catalán? Pues que
nadie espere que lo haya.
.(Se le ha preguntado en alguna ocasión si
era fundador de la rama ribagorzana de Omnium Cultural, una asociación
independentista y anexionista catalana: siempre ha eludido responder)
