El Gobierno de Zapatero, en un acto sin precedentes, intenta controlar los tribunales de Justicia

Por foro aragón liberal - 20 de Octubre, 2007, 20:25, Categoría: Nacional

Aragón Liberal. 20.10.2007. Astarloa, dirigente del PP ha expresado su esperanza de que el Tribunal Constitucional actúe con responsabilidad, no se pliegue a las maniobras del Gobierno y decrete la inconstitucionalidad de una medida que pretende “asegurar que una determinada persona siga siendo presidenta del Tribunal aunque correspondía, de acuerdo con la Constitución, elegir un nuevo presidente después de haber vencido el mandato de tres años que prevé el artículo constitucional”.



Astarloa

Por: Foro Aragón Liberal



Astarloa: “la recusación de los magistrados del TC es un intento del Gobierno de controlar a los tribunales”


19, octubre, 07.- “La decisión del Gobierno de recusar a dos magistrados del Tribunal Constitucional es un claro intento más del Ejecutivo de controlar a los tribunales de este país”, ha declarado el secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa.


El dirigente popular ha considerado “impresentable” el comportamiento del Gobierno y ha recordado que ya fue un auténtico escándalo que, durante la tramitación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo socialista incorporase a última hora la ‘Enmienda Casas’, que convertía a la magistrada “en una presidenta que no tenía que renovar su mandato y continuaba sine die”. “Esto ha sido una de las actuaciones legales más escandalosas de esta legislatura”, ha declarado.


“Y cuando frente a esa decisión de la mayoría parlamentaria socialista se presenta el preceptivo y correspondiente recurso de inconstitucionalidad –continúa Astarloa- el Gobierno ha tomado la decisión de intentar quitar de en medio a dos jueces para asegurar que el recurso se resuelve a su favor”.


El dirigente del PP ha expresado su esperanza de que el Tribunal Constitucional actúe con responsabilidad, no se pliegue a las maniobras del Gobierno y decrete la inconstitucionalidad de una medida que pretende “asegurar que una determinada persona siga siendo presidenta del Tribunal aunque correspondía, de acuerdo con la Constitución, elegir un nuevo presidente después de haber vencido el mandato de tres años que prevé el artículo constitucional”.

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