En: http://www.accionfamilia.org/
La opinión pública tomó conocimiento, con gran
satisfacción, del dictamen de la Contraloría que prohíbe a las
municipalidades distribuir la llamada “píldora del día después”, pues
la sentencia del Tribunal Constitucional ya había establecido en abril
de 2008 que los organismos que integran el Sistema Nacional de
Servicios de Salud no deben hacerlo, porque probablemente es abortiva.
Era de esperar que ahora el Gobierno
abandonase su obsesión de distribuir esa píldora, por ser ilegal, pero
no fue así. Lejos de eso, anunció un proyecto de ley para pasar por
encima de la norma, pese a que ésta se basa en la Constitución. Hace
poco más de un año, el Gobierno, objetó la sentencia de ese tribunal y
se valió de los municipios para burlarla; hoy rechaza el dictamen de la
Contraloría. Por lo visto, el Ejecutivo se considera el Poder supremo,
por encima de la Constitución y de las leyes.
Por su parte, el candidato presidencial Sebastián
Piñera –que debería defender la familia– tomó la misma posición,
apoyando esa ley, según él, “para que se restablezca un criterio de
justicia” en este tema, olvidando al parecer que este diferendo se
originó en el pedido de 36 diputados de la Alianza al Tribunal
Constitucional y a la Contraloría. Así, el candidato discrepa de la
mayoría de los diputados que lo apoyan, entre ellos muchos de su propio
partido, y propicia un “criterio de justicia” totalmente opuesto a lo
que dicen las dos instituciones públicas competentes. Decepcionando así
a sus partidarios, ¿alcanzará la Presidencia?
No es la primera vez que ciertos políticos
adoptan actitudes de esta especie. Hace poco más de una semana, se dio
el absurdo de que los tres candidatos presidenciales –que se dicen
católicos practicantes– coincidieron en dar su apoyo a un eventual
proyecto de ley que regule las uniones entre personas del mismo sexo.
Así:
* Sebastián Piñera declaró: "Por supuesto que
tenemos que proteger los derechos de todas las personas, sin
discriminar, cualquiera sea su orientación sexual, y por eso soy
partidario de legislar para proteger los derechos civiles, los derechos
económicos, como la salud y la herencia, de parejas del mismo sexo".
*
Eduardo Frei afirmó: “Queremos terminar con todo tipo de discriminación
y queremos que todos los chilenos y todas la minorías, de cualquier
tipo, se sientan partícipes y respetadas en sus derechos humanos, por
eso vamos a trabajar con responsabilidad en temas que le interesan a la
comunidad y que tenemos que enfrentar en nuestro país".
* Y Marco Enríquez-Ominami comentó: “Estoy
dispuesto a este debate hace mucho rato, yo presenté las leyes, por
tanto, no es que les vea una oportunidad electoral, yo creo en esos
debates como debates sobre la libertad igualdad. Lo único que invito a
los candidatos a que no se reúnan tanto, sino que legislemos, tenemos
parlamentarios en el Congreso que están remunerados para eso, y ya que
el candidato de la derecha y de la Concertación están de acuerdo,
tenemos 120 votos para que legislemos hoy día, pero no van a legislar”.
Preguntamos: ¿quién gobierna la política nacional
al punto de lograr que todos los candidatos, diciéndose católicos,
coincidan en una iniciativa nefasta y antinatural, que daría derechos,
inclusive de herencia, a quienes practican la unión homosexual, cuando
esto sería en perjuicio de los herederos legítimos -o sea, cónyuges,
hijos, padres, etc.- quienes serían despojados para que se premie al
vicio infame?
¿Qué sucede que nadie recuerda los documentos de
la Santa Sede, que establecen la obligación de los políticos católicos
de votar las leyes respetando las enseñanzas morales de la Iglesia?
Acción Familia
